Expertos internacionales, representantes de las asociaciones profesionales y docentes en traducción e interpretación advierten en un congreso en Alcalá de que los planes del Ministerio de Justicia podrían afectar gravemente a los derechos de los sospechosos y acusados en el ámbito penal.
NOTA DE PRENSA,MADRID, 09/04/14
Reunidos en la universidad cisneriana de Alcalá de Henares con motivo del 5º Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, organizado por la catedrática Carmen Valero Garcés de esta misma universidad, diferentes representantes del mundo de la traducción y la interpretación judicial advirtieron de que el mandato de calidad y profesionalidad de la Directiva 2010/64/UE no podrá respetarse si el Ministerio de Justicia no opta por la creación de un registro de intérpretes y traductores independientes que deban superar una prueba de certificación para poder inscribirse en él. La Directiva es de obligado cumplimiento para los Estados miembros y debería haberse transpuesto antes de octubre de 2013, tras un periodo extraordinario de tres años para hacerlo. España ya ha incumplido este plazo y es posible que sea multada por ello en los próximos meses.
En una mesa redonda que abordaba la transposición de esta normativa europea en España, la representante del departamento del Ministerio de Justicia encargado de esta transposición, Rosa Lamana, manifestó que ya están trabajando en la creación de un registro, tal y como recomienda la Directiva. Según Lamana, la idea del Ministerio de Justicia, por recomendación del Ministerio de Economía y Competitividad, es que en el registro puedan inscribirse tanto personas físicas como personas jurídicas, en función de sus méritos profesionales y académicos. Juan Miguel Ortega, presidente de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) y representante de la Red Vértice1, apuntaba que la idea de crear un registro es acertada, pero que incluir a personas jurídicas supone una incongruencia. «La idea del registro es la de garantizar que se contrata a profesionales que a nivel individual hayan acreditado su capacidad para trabajar como traductores o intérpretes judiciales, pero si incluimos a personas jurídicas el registro no será más que un nuevo coladero de personal no cualificado a través de las empresas inscritas», apuntaba Ortega.
En este sentido, el colectivo de traductores e intérpretes cree necesario que los profesionales tengan que superar una prueba de acceso para inscribirse en ese registro, en lugar de abogar por el complejo sistema que plantea el Ministerio, que quiere evitar celebrar un examen y que el acceso se haga mediante el reconocimiento de méritos académicos y profesionales. «La casuística es tan amplia que será realmente difícil mantener un criterio coherente. Para evitar la arbitrariedad y garantizar la calidad del servicio apriorísticamente, lo mejor es contar con una prueba de acceso al registro.
Como la transposición es urgente, podría crearse una lista provisional del registro y organizar una prueba de certificación que las personas deban superar en un plazo razonable no superior a tres años», señalaba posteriormente María Jesús Blasco, representante de la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación de España (CCDUTI). Blasco indicó que las universidades españolas, con el apoyo de la Conferencia de Rectores de España (CRUE), han ofrecido al Ministerio de Justicia su experiencia en formación y evaluación para participar en un proceso de certificación de intérpretes y traductores judiciales.
El abogado Endika Zulueta reprochó además al Ministerio de Justicia que pretenda transponer la Directiva 2010/64/UE de forma residual, en la Disposición Final IV del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima y en el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales. Zulueta considera que la regulación de la figura de los traductores e intérpretes judiciales es lo suficientemente importante como para contar con una normativa específica, a la vista de que ha merecido una Directiva europea exclusiva. A este argumento, la experta en interpretación judicial de la Universidad de Vigo, Maribel del Pozo, añadió desde el público que la Administración tiene que velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a un juicio justo que está estrechamente vinculado al derecho a la información y, por ende, a la interpretación, y que aunque la competencia de contratar los servicios de traducción e interpretación esté transferida a algunas autonomías, es responsabilidad del Estado velar por que se cumpla en las condiciones adecuadas.
Europa exige calidad, pero España no responde Los expertos europeos en interpretación judicial y en la Directiva 2010/64/UE de la Universidad Católica de Lovaina en Amberes (Bélgica), Erik Hertog y Hendrik J. Kockaert, señalaron que España debe recordar que el fin último de la Directiva aprobada en Bruselas es el de garantizar la calidad y excelencia de los servicios de traducción e interpretación en todo el proceso penal y evitar que los derechos lingüísticos de los ciudadanos queden en manos de personas no profesionales por causa de la mercantilización del servicio.
A este respecto, la presidenta de la Asociación Europea de Traductores e Intérpretes Jurídicos (EULITA), Liese Katschinka, solicitó a las autoridades españolas una acción coordinada con las diferentes partes interesadas que garantice que quienes interpreten en la Administración de Justicia sean siempre personas cualificadas y debidamente acreditadas. «La correcta transposición es fundamental», apuntó Katschinka, con el fin de evitar el intrusismo profesional por parte de personas que no dominan las lenguas de trabajo, no conocen las técnicas de interpretación, carecen de conocimientos de Derecho y no siguen ningún código deontológico. Esto ha hecho perder grandes sumas de dinero a las administraciones de justicia europeas, incluida la española, por la paralización de juicios e investigaciones como consecuencia de traducciones e interpretaciones deficientes.
Preguntada por los mecanismos que el Ministerio ha previsto para garantizar la calidad, Rosa Lamana añadió que «se garantizará la calidad mediante un régimen de sanciones en caso de que las traducciones e interpretaciones se realicen incorrectamente y exista una denuncia o queja al respecto por parte de los operadores jurídicos». A esta cuestión, traductores e intérpretes presentes en la sala señalaron que un sistema de control de calidad no puede basarse en actuar cuando el daño ya está hecho, sino que hay que llevar a cabo una política de prevención que ofrezca seguridad a los ciudadanos. Añadieron que acciones como la grabación de los juicios con intérprete o el correcto almacenamiento de la documentación que se solicita traducir son medidas que facilitarían y agilizarían el análisis de cualquier anomalía detectada en la mediación lingüística.
1 Red de asociaciones de profesionales de la traducción, interpretación y corrección con presencia en
España, que integra a un total de 17 asociaciones que aglutinan a unos 3.500
profesionales.http://www.redvertice.org/p/sobre-la-red-vertice.html
miércoles, 9 de abril de 2014
lunes, 11 de noviembre de 2013
EL PROYECTO SOSVICS
Como much@s ya sabréis la Red Comunica, junto con otros colaboradores, está llevando a cabo el proyecto Speak Our for Support, SOSVICS.
Se trata de un proyecto piloto centrado en la formación de intérpretes cuya especialidad es el trabajo con víctimas extranjeras de violencia de género (VG).
Se trata de un proyecto piloto centrado en la formación de intérpretes cuya especialidad es el trabajo con víctimas extranjeras de violencia de género (VG).
Este proyecto se financia con un 20% de aportación de las
instituciones socias y con el 80% restante que aporta la Dirección
General de Justicia de la Comisión Europea.
Respuesta conjunta a una necesidad social
La Macroencuesta sobre Violencia de Género de 2011
realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en
colaboración con el Gobierno, alerta de que «la prevalencia de la
violencia de género entre las mujeres extranjeras duplica la de las
mujeres españolas» y de que «de cada cien mujeres que sufrieron
violencia de género en España en el último año, el 85,5% eran españolas y
el 14,5% extranjeras».
Según el citado documento, 469 317 mujeres extranjeras
sufrieron violencia de género en algún momento de sus vidas y 130 241 lo
hicieron en el año 2010.
Las claves de SOS-VICS
El proyecto piloto se realizará en las Comunidades
Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de
Madrid, Castilla y León, Andalucía y Canarias, con el objetivo de que la
metodología y los resultados se puedan aplicar también a otras
Comunidades Autónomas de España y a otros países de la Unión Europea con
características similares a las de nuestro país en lo que se refiere a
la población extranjera víctima de VG (procedencia, idiomas, cultura,
etc.).
El gobierno español, junto con las administraciones
autonómicas, ha puesto en marcha medidas para luchar contra este tipo
de violencia. Además, ha anunciado su intención de establecer una
estrategia nacional para la erradicación de la VG mediante la atención
personalizada a las víctimas, estableciendo una red nacional que agrupe a
todas las instituciones gubernamentales de todo el país y duplicando el
personal y los recursos con el fin de erradicar esta lacra social.
Además, el gobierno debe tomar medidas para la correcta
transposición de la recién aprobada Directiva 2012/29/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección
de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAI del Consejo.
A pesar de los esfuerzos realizados por la Administración,
la información y el apoyo que se ponen al servicio de las víctimas de
VG siguen siendo escasos y difícilmente llegan a las extranjeras.
Además, cuando estas víctimas consiguen acceder a los
servicios que les brinda el Estado, generalmente precisan de la ayuda de
intérpretes que en la mayoría de los casos no son profesionales, lo
que conlleva una ausencia de garantías en el proceso de interpretación
que puede ocasionar situaciones en las que la comunicación es
inapropiada, inexacta e ineficaz. Esto implica la vulneración y
desprotección de los derechos de las víctimas asistidas.
El objetivo, pues, de SOS-VICS es crear
recursos de formación para intérpretes en el ámbito específico de la VG,
para que lleven a cabo su trabajo como puentes en la comunicación de
manera precisa y profesional en este ámbito determinado, puesto que
presenta características contextuales diferenciadas del resto de
situaciones de mediación lingüística.
Además, el proyecto pretende contribuir a la
concienciación y sensibilización de todas las partes implicadas sobre la
necesidad de contar con profesionales en las interacciones mediadas con
intérpretes, tal y como recogen la Directiva anteriormente mencionada
(Art. 7) y la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.
Las personas e instituciones beneficiarias
de este proyecto incluyen, entre otras: a víctimas extranjeras de VG, a
diferentes agentes con implicación en la protección de las víctimas
(profesionales de la judicatura, la fiscalía, la abogacía, la policía,
los servicios de asistencia social, la psicología, la medicina y la
medicina forense, etc. y, sobre todo, a intérpretes, así como a las
instituciones formadoras de intérpretes (incluidas las universidades)
que trabajen con víctimas de VG.
Estudios similares se están llevando a cabo en países como
EEUU, Canadá y Australia, pero SOS-VICS es el primero en el seno de la
UE.
La duración de SOS-VICS será de dos años del 01/11/2012 al 30/10/2014, y el trabajo constará de tres fases:
Fase 1. Compilación y análisis de necesidades de comunicación de todas las personas implicadas:víctimas y diferentes agentes.
Los datos obtenidos en esta primera fase se someterán a
análisis estadísticos de modo que se puedan establecer patrones que
ayuden a crear los materiales contemplados en la segunda fase.
Fase 2. Creación de materiales para todas las partes implicadas: víctimas, agentes e intérpretes.
Entre estos materiales se incluyen: un portal web,
información multilingüe para las víctimas, un manual de buenas prácticas
para agentes, así como material y recursos especializados para
intérpretes y para profesionales que se ocupan de su formación.
Fase 3. Divulgación de la metodología y de los resultados.
Este proyecto piloto desarrollará métodos innovadores de
gran utilidad social para la protección de las víctimas que podrán
transferirse a otros países de la UE, bien mediante la extrapolación de
las experiencias y de las lecciones aprendidas, o bien mediante futuros
proyectos transfronterizos con países que compartan características
similares a las de España en el ámbito de la VG.
La comunidad académica española constata la necesidad de
formar intérpretes en el ámbito de especialidad de la VG como garantía
de un servicio profesional de asistencia a las víctimas extranjeras.
SOS-VICS representa la unión de nueve universidades españolas de referencia...
• Universidad de Vigo (Coordinadora)
• Universidad de La Laguna
• Universidad de Alcalá
• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad de Vic
• Universidad Jaume I de Castellón
• Universidad de Granada
• Universidad de Alicante
• Universidad de Salamanca
... que cuentan con el apoyo de una red de personas y entidades colaboradoras:
• Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ)
• Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA)
• Jueza de Violencia contra la Mujer de Vigo, Paz Filgueira
• Fiscal, Marisa Bargés
• Fundación Academia Europea de Yuste
• Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo
• Fundación Ana Bella
• Unidad orgánica de violencia de género del Cabildo de Tenerife
• Asociación Mercedes Machado
martes, 13 de julio de 2010
LA EUROPA MULTILINGÜE
En su reciente reunión en París el IAMLADP advierte sobre el déficit de
profesionales de idiomas en el mercado de las organizaciones
internacionales y, en el marco de su defensa del multilingüismo, exhorta
al fomento del estudio de las lenguas.
Puedes leer más sobre esta noticia en el siguiente link:
http://www.euractiv.com/en/culture/eu-backs-linguist-recruitment-drive-news-495696
profesionales de idiomas en el mercado de las organizaciones
internacionales y, en el marco de su defensa del multilingüismo, exhorta
al fomento del estudio de las lenguas.
Puedes leer más sobre esta noticia en el siguiente link:
http://www.euractiv.com/en/culture/eu-backs-linguist-recruitment-drive-news-495696
Suscribirse a:
Entradas (Atom)